Sumapaz, fuente de aguas naturales y rincón ambiental de Bogotá en donde crecen variedad de plantas endémicas, durante varias décadas estuvo en disputa por el conflicto entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano. Fue esta localidad, en conjunto con Usme, la que el grupo guerrillero intentó tomar para ingresar o cercar a la capital colombiana durante la década de los 90. Esta estrategia militar no tuvo éxito, pero sí dejó varias víctimas que hoy en día no recuerdan esos tiempos con agrado. No obstante, la resiliencia de los y las sumapaceñas ha generado gran arraigo por el territorio que se evidencia en los proyectos que realizan para que su localidad no siga en el olvido.
A raíz de esto, la administración de Claudia López consideró necesario cobijar a esta localidad que tiene 7.500 habitantes y más de 78.095 hectáreas con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que, si bien este proyecto es una apuesta gubernamental, fue gracias al Plan de Desarrollo Distrital que se generó el reconocimiento de este espacio, pues uno de sus objetivos es el de promover los Acuerdos de Paz.
A nivel nacional con el PDET se busca intervenir 170 municipios que han sido golpeados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. En Bogotá hay tres localidades que ya están priorizadas con este Programa para realizar proyectos de formalización y acceso a tierras, desarrollo social que se traduce en inversión para mejora de acueductos, infraestructura de colegios, hospitales y vías. Además de la realización de planes que buscan contribuir a la memoria, la reconciliación y la no repetición de los escenarios de violencia.
Las localidades incluidas con el PDET son: Ciudad Bolívar y Bosa por ser los sectores en la capital que más víctimas han acogido a causa del conflicto armado y, Sumapaz ya que su conexión con los departamentos del Meta y Huila la convirtió en un lugar estratégico para el conflicto. Lo que generó que cientos de campesinos fueran asesinados y, otros tantos fueran señalados por el Estado como guerrilleros o ayudantes de la organización subversiva, los cuales terminaron en prisión y ahora se les conoce como víctimas de los “falsos positivos judiciales”.
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